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Política y Sociedad

Carlos Jiménez Villarejo: Independencia o sumisión del Poder Judicial

 

En mayo del 2013 tuve la oportunidad de entrevistar al ex fiscal jefe Anticorrupción de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo. Por aquel entonces Jordi Pujol era oficialmente el más destacado “molt honorable” a perpetuidad y la imputación de sus hijos empezaba a ser conocida por la opinión pública en toda España. Dado que Pujol no había confesado haber estado robando durante 34 años, Carlos Jiménez Villarejo fue mucho más prudente en sus respuestas de lo que le oído serlo en alguna entrevista reciente. Pero la claridad de uno de los más destacados profesionales en la persecución de la corrupción en España es contundente. Pudimos hacer un recorrido por diferentes casos, tratando el problema de la independencia o la sumisión del poder judicial respecto al poder político, la necesidad de endurecer el Código Penal contra la corrupción, la importancia de llegar hasta los responsables últimos para aplicar justicia, y el peso de los intereses políticos de las grandes potencias, especialmente de EEUU, a la hora de frenar la Justicia Universal.  

2013_3_5_2aLt8CKXHGXnRoBOHXJ764Los casos de corrupción inundan la actualidad española, ¿qué cambios serían necesarios para dotarnos de una justicia más eficaz e independiente?, pese a que ejemplos de independencia judicial y eficacia contra la corrupción también hay muchos, pero parece que a contracorriente y con verdaderas dificultades para prosperar

Cuando hablamos de corrupción hablamos de las personas que ocupan posiciones de poder en el ámbito económico y fundamentalmente en el político, es decir, de aquellos que gobiernan u ocupan posiciones relevantes. Cuando hay ausencia de ética y de mecanismos de control preventivo, y en España esto es evidente en muchas instituciones, se produce el abuso de poder.

En segundo lugar hablamos de enriquecimiento propio o del partido al que se pertenece. Hay muchas formas de corrupción y esto exige un poder judicial muy preparado, muy eficaz, independiente y con recursos.

Empezando por esto último, en el caso de jueces dedicados a los grandes delitos de corrupción política, es decir, la Audiencia Nacional, podemos encontrar casos de eficacia y de ineficacia, pero en general los jueces de la Audiencia Nacional tienen mayor dotación de recursos que otros jueces, y quizás mayor nivel de preparación profesional. A parte de que tienen a su alrededor fiscalías, como la de Anticorrupción o Antidrogas, que son las mejores dotadas de España, con más recursos de asesoramiento técnico, y por lo tanto eso favorece al proceso.

Pero si salimos de ahí, de los grandes delitos de corrupción como es el caso Gürtel, con todo lo que eso implica, o el caso Bárcenas, o el de Díaz Ferran, lo que nos encontramos son jueces en su inmensa mayoría independientes, pero que no tienen recursos suficientes desde el punto de vista técnico. La corrupción es un delito que se comete a través de un entramado de empresas, sociedades, algunas en el extranjero, en paraísos fiscales, con flujos de dinero en diferentes direcciones… un juez medio, con la preparación que tiene un juez de instrucción en cualquier sitio de España, incluyendo las capitales, no tienen capacidad para adentrarse en el tejido de la corrupción.

Algunos ejemplos son paradigmáticos. En el caso del Palau de la Música de Barcelona, donde había expolio de fondos públicos, pero también privados, ¿por qué llevamos tantos años de instrucción? Primero porque hubo un juez absolutamente ineficaz, que fue el primero que acometió la instrucción. No solo por falta de recursos, sino porque no se tomó en serio su papel de juez de instrucción. Y por otra parte, tenía el viento a su favor, porque el principal imputado había reconocido que se había apropiado de parte de los fondos públicos. Incluso teniendo ese camino recorrido lo hizo mal.

Después se ha hecho cargo un juez que ha tenido que reconstruir el proceso, que ha estado dos años estancado. ¿Qué quiere decir esto?, que la Justicia no responde a veces con la debida eficacia y prontitud. En parte por falta de recursos, pero sobretodo por una posición complaciente o contemporadizadora de la corrupción en los ámbitos del poder, con excepciones, como el juez y los fiscales de Palma, que son un ejemplo en España de lo que hay que hacer con la corrupción, más allá de algunos matices de última hora. Se han comportado con una enorme eficacia e integridad al abordar casos que implicaban al PP y a Unión Mallorquina, que prácticamente ha quedado desarticulada por los casos de corrupción.

A veces hay falta de recursos, pero otras hay pura y sencillamente cobardía.Baltasar_Garzon_premio_Christa_Leem

La corrupción política es un problema de mafia y crimen organizado, de delincuentes que se asocian para delinquir, y cumplen los requisitos que la justicia internacional establece para el crimen organizado ¿porque no se les da ese tratamiento?

En primer lugar hay un problema en España, y es que lo casos de corrupción son tratados como delitos contra la Administración, es decir, teóricamente y dada la catalogación, son delitos contra los intereses de la Administración, algo que es falso. Los delitos de corrupción de abuso de poder, tráfico de influencias, prevaricación… son delitos contra los valores democráticos, contra los principios que debe inspirar el servicio al interés general, y no al interés particular. Y sin embargo en el Código Penal no está planteado así, cuando atentan contra todo el sistema democrático, porque todos los ciudadanos son afectados. Cuando hay malversación nos afecta a todos, porque son fondos públicos que se nutren muy mayoritariamente de los impuestos de ciudadanos. Hablando en términos pedantes, lo que se llama el bien jurídico lesionado, no es la Administración, es el conjunto de la ciudadanía, toda la democracia, y así deberían ser tratados.

Ante delitos de esta gravedad, ¿cómo es posible que subsistan plazos de prescripción que la responsabilidad penal de cinco años? Es prácticamente garantizar la impunidad. Primero porque las tramas son muy complejas, incluso con muchos recursos. Se puede poner el ejemplo de Gürtel, que lo inicia Garzón en el 2008 y estamos entrando en el verano del 2013. Ha habido lentitud por una confluencia de factores, pero llevamos cinco años con Gürtel a cuestas. Ante delitos de esta naturaleza, contra el derecho de los ciudadanos a ser gobernados por un poder limpio, honrado, ético y transparente, el plazo de prescripción debería ser el de los delitos más graves, 20 años.

Si uno comete un delito de corrupción no debe poder salvarse nunca, porque está erosionando el sistema constitucional democrático. Ya el propio desarrollo del proceso es lento y hay que hacerlo con cuidado. Después, la actuación de las unidades de la policía debe ser rigurosa, porque no es fácil llegar a las raíces de la actividad delictiva para llegar al delito que se ha cometido, cómo lo ha cometido y quién lo ha cometido. Con estos plazos de prescripción, una parte importante prácticamente tienen garantizado que van a salir impunes.

Cuando el PP habla de reforma del Código Penal se refiere a los delitos que afectan a los sectores económicamente más débiles. Sobretodo en lo que se refiere a medidas de represión. Pero no se ha tocado nada de los grandes delitos, de forma que se favorece la continuidad delictiva.

Están los corruptos y después los corruptores. Es habitual ver a los corruptos, o a los presuntos, en los medios de comunicación, pero no suele hablarse de los corruptores. ¿No es observable que hay un entramado en el que corruptos y corruptores son una misma entidad, conceden favores y estos les recompensan?

Creo que todavía está en el Código Penal la reforma que se hizo en el 95 por la cual si una de las personas que delinquen denuncia el delito se beneficia de quedar exento de pena, es lo que llamamos la excusa absolutoria, es decir, la posibilidad de quedar exento de pena si denuncias el delito que has cometido en un tiempo establecido, cosa que habitualmente no ocurre. Evidentemente la corrupción existe porque hay corruptores. El que desempeña un cargo público no comete un delito si por medio no hay algún tipo de comisión, de corretaje, de beneficio económico que proceda de cuentas o empresas particulares de cualquier sector.

Es razonable que se ponga énfasis en los políticos porque son ellos los que han sido elegidos por los ciudadanos, no los particulares. En los que se ha depositado la confianza ciudadana es en aquellos que debiendo ejercer el poder público con un principio de lealtad a los valores democráticos, lo quebrantan y son desleales. Es razonable que esto genere una repulsa mayor. Pero es evidente que si no hubiera esa complicidad, ese contubernio evidente y mantenido, no habría corrupción.

El empleo del concepto mafia está acuñado hace muchos años, que tiene su núcleo en Italia, y mientras no digamos lo contrario, ha estado muy asociado a la violencia como medio de comisión u ocultación de delitos. Hasta ahora la corrupción, afortunadamente, ha tenido otro signo. Hablar de prácticas mafiosas no se ajusta a los delitos de corrupción en España, pero que no necesita recurrir a esos calificativos, porque ya se definen por sí mismo. En los últimos años podemos hablar de unos 500 casos de corrupción, según las memorias de los fiscales generales del Estado. Ahora estará a punto de conocerse la memoria del 2012, y hablando de los casos de corrupción uno se queda abrumado del grado de degeneración de la vida democrática en este país. Yo creo que casi todos, menos los partidos minoritarios, desde luego los dos grandes partidos, están implicados en casos de corrupción casi por igual.

Carlos-Giménez-Villarejo-ex-fiscal-anticorrupción.Usted fue el primero que lanzó la voz de alarma sobre el nido de corrupción de Jordi Pujol, la oligarquía y la derecha catalana, ¿cómo valora que se ha desarrollado esto? Porque Pujol salió absuelto y ahora aparecen imputados sus hijos por otros casos…

Hombre, el caso de Banca Catalana fue hace 25 años y no fue un caso estrictamente de corrupción. Fue el caso de la quiebra de un banco, de delitos de apropiación indebida, falsedad documental… lo que sí es cierto es que cuando la Audiencia Provincial de Barcelona decidió no procesar a Jordi Pujol y todos sus consejeros, cuando los dos fiscales, José María Mena y yo, pedíamos el procesamiento, lo hizo con 7 u 8 votos en contra y con bastante contundencia, diciendo que no se habían creado los tipos penales adecuados para el castigo penal de dichas conductas que habían conducido a Banca Catalana a la quiebra y al vaciamiento patrimonial más absoluto, que se saldó con la ayuda prestada por el Estado español a través del Fondo de Garantía de Deposito. Es un caso de los que ahora llamamos societarios, la apropiación de bienes ajenos para realizar actividades al margen de la Ley.

Que usted enlace esto con los casos de los hijos de Pujol es un salto.

Seguramente es por cómo he formulado la pregunta, porque lo realmente interesante son las dificultades de la Justicia por hacer frente a estos casos, en particular de una de las familias políticas y económicas más importantes de Cataluña

Esto es evidente. Nos encontramos con un tribunal que no aprobó el procesamiento, confluyendo sectores progresistas y conservadores, porque el principal imputado era Presidente de la Generalitat. De eso no me cabe la menor duda. Es una influencia del poder que es intangible, porque no hace falta que nadie llame, ni descuelgue el teléfono. Para nada… es una influencia intangible que el poder ejerce sobre gran parte de la judicatura. En aquella época mucho más que ahora. Hace 25 años, cuando la sombra de la dictadura era muy alargada, aunque creo que lo sigue siendo, la mayoría de la magistratura tenía una actitud de sumisión al poder. Uno de los grandes soportes del poder de la dictadura fue la magistratura española, con limitadísmas excepciones. Esto se ha arrastrado muchos años. En aquel caso hubo una subordinación a las personas sobre las que se pedía el procesamiento.

¿Que ahora la situación ha cambiado?, bueno, está cambiando, como hemos visto en el caso de las ITVs, o de determinadas cuentas en Suiza. Son indicios claros y contundentes que ya veremos en el futuro, pero parece que se ha producido un giro en favor del principio de igualdad ante la Ley. Lo otro era la consagración de la desigualdad ante la Ley que por otra parte es lo que siempre se ha dicho que ha caracterizado al Derecho Penal, con un cierto contenido demagógico, que es el derecho penal de las clases populares, de menos estatus económico. No hay más que asomarse a la Modelo.

En el caso de Cesar Alierta, o en el de la Doctrina Botín, ¿son también ejemplos de cómo los principales grupos de poder intentan frenar la independencia judicial?

Los dos son ejemplos de lo que estamos hablando, de complacencia y subordinación del poder judicial a los poderes económicos más importantes. En el caso de Emilio Botín y sus consejeros y defraudadores fiscales, la Audiencia Nacional, presidida por el juez Gómez Bermúdez, creó una doctrina inexistente hasta ese momento a la medida del interés del señor Botín, que se basaba en que como el fiscal no ejercía la acusación, porque desde el principio tuvo una actitud reverencial con el señor Botín para que no fuera juzgado, lo hizo la acción popular y llegó a sentarse en el banquillo. Era un fraude de cerca de 80 millones de euros, y los informes de los inspectores de Hacienda que practicaron la pericial sobre el fraude cometido desde el Banco de Santander a través del producto llamado cesiones de crédito, igual que luego ha habido otro llamado preferentes, así lo mostraban. Todo esto quedó impune, hasta el punto que no se pudo celebrar el juicio para establecer si realmente había responsabilidad. No se pudieron practicar las pruebas, no pudieron declarar los acusados, los testigos, los peritos… sin juicio hubo absolución. Es el caso más paradigmático de la sumisión del Poder Judicial con el poder.

En el caso Alierta lo intentó desde el principio sobretodo el fiscal general del Estado, impidiendo a la fiscalía Anticorrupción abrir la causa. Pero afortunadamente también hubo acción popular, a la que finalmente se sumó la fiscalía Anticorrupción, y finalmente se sentó al señor Alierta en el banquillo de los acusados por un delito de información privilegiada en la bolsa de valores, por un beneficio de 300 millones de pesetas en virtud de esa operación ilícita. También en este caso se dio un giro inesperado, porque en arreglo al criterio mantenido hasta el momento, ese delito no estaba prescrito, por lo tanto era exigible responsabilidad criminal. Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo reconocen que los hechos atribuidos al señor Alierta eran delictivos, pero que no podía ser condenado porque había transcurrido el plazo de prescripción contando a partir de una determinada fecha. También allí crearon una doctrina ad hoc para que el señor Alierta saliera libre.

Luego también lo hicieron con el señor Saenz en el último consejo de ministros del gobierno de Zapatero, también hay que decirlo. Por tanto, hay innumerables ejemplos, y me alegro que los recuerde también porque son ejemplos no ya del sometimiento, sino de la complicidad del poder judicial con determinadas formas de delincuencia de los poderosos. Ya hubo un ilustre penalista norteamericano, si me permite la pedantería, que se llamaba Sutherland, que en 1939 en Filadelfia habló de lo que se llamaba el delito de cuello blanco, y a partir de ahí estableció una especie de paradigma desde el que aquellos con alto estatus económico que han cometido un delito sobre aquellos de estatus económico bajo, tienen una complacencia derivada de que al ser personas aparentemente respetables, el poder judicial se subordina a ellos. Y sigue siendo vigente hoy.

En el caso de las hipotecas hemos visto cómo se subvertía la propuesta de la PAH, pese a un dictamen europeo que declara “ilegal” la legislación española. Pero de lo que no se ha hablado mucho es que una reforma de la ley hipotecaria pondría en peligro el cobro de 400 mil millones que la banca española le debe a bancos alemanes y norteamericanos, o de como la Carlos-Jimenez-Villarejo-CARMEN-SECANELLA_EDIIMA20130327_0300_13Troika se apresuró a dar un toque de atención al gobierno para que para la ILP. ¿No está en juego, en este caso, la legalidad, pero también, la soberanía nacional frente a imposiciones que vienen de fuera?

La soberanía no es que está en juego, es que está disuelta. El poder judicial forma parte del Estado español, pero es que el Estado español está en estos momentos sometido al dictado económico y política de las grandes instancias internacionales, desde eso que se llama la Troika, y detrás de la que está la gran banca mundial. Esto es una realidad que no hace más que constatar lo que hemos dicho antes. A mayor poder económico, menos capacidad de reacción tendrá el Poder Judicial. Aunque en este caso el poder judicial ha dado algunas muestras significativas de colocarse al lado de las víctimas y los débiles en el caso de los desahucios que han sido absolutamente ilegales. En este tema el poder judicial ha demostrado capacidad de reacción social y solidaridad con las personas desahuciadas. Ha sido otra vez una excepción dentro de la normalidad de muchos años ejecutando las hipotecas, hasta que no llegó un juez que planteó esta cuestión ante el tribunal europeo, cuestionando su legalidad.

Usted es uno de los profesionales destacados que dio un paso al frente para defender al juez Garzón y las implicaciones con la investigación de los crímenes de la guerra civil son evidentes. Quería preguntarle por las maniobras de la embajada norteamericana,  que evidenciaron los papeles de WikiLeaks, por frenar a Garzón, hasta el punto de aliarse con la derecha extrema española. ¿Cree que en la persecución a Garzón también está el quitar de en medio un juez que en uso de su independencia no se frena ante los intereses de una potencia como EEUU?

Completamente de acuerdo, no hace falta que yo diga nada, porque lo ha dicho usted. Entre muchas de las cosas que apareció en los papeles de WikiLeaks, estaba como se produjo un frenazo por la justicia española en dos casos. Uno el de la represión del pueblo tibetano, por la República Popular China, que fue archivado de mala manera, y otro la anulación de la posibilidad de investigación de los bombardeos de la aviación israelí en la Franja de Gaza que produjeron mil muertos. Todo esto condujo a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el principio de Justicia Universal dejara de aplicarse como se estaba aplicando e impidiera que la justicia española actuara como en Gaza y en el Tibet. Han expulsado al juez Garzón porque había tenido una larga trayectoria de valentía y honradez en la defensa de la comunidad internacional frente a los crímenes contra la humanidad, desde la detención de Pinochet a otras muchas.

Pero yo creo que la criminalización necesaria que la justicia española hiciera del levantamiento del general Franco hasta el final de la dictadura es lo que soliviantó a los poderes fácticos y a una parte importante del poder judicial representado por el Tribunal Supremo. Por eso el juez Garzón está expulsado de la función judicial, porque tuvo la valentía y la dignidad de ser un juez que llamó criminales a quienes eran criminales, que fueron los golpistas del 36, y toda la serie de crímenes que se cometieron hasta la muerte del dictador. Quienes ejercieron la acción inicialmente contra el Garzón fueron Manos Limpias y la Falange, una organización heredera del partido único de la dictadura franquista. Lo más grave fue la alianza objetiva con los magistrados del Tribunal Supremo que celebraron ese proceso, en el que si bien lo absolvieron, porque ya lo habían condenado por el caso Gürtel, sí declararon que los delitos cometidos por la dictadura no eran perseguibles, y avisaban a todos los jueces que no fueran a iniciar investigaciones que fueran por ese camino porque podían acabar en la calle.

Estos días vivimos un ejemplo. Un periodistas ha publicado un artículo en el que se hablaba de la Falange como heredera de aquella que participó de crímenes contra la humanidad en la primera etapa del franquismo, y un juez de Madrid lo ha imputado por injurias graves a Falange. Cuando es una realidad histórica acreditada que la Falange fue una parte fundamental del aparato represivo de la dictadura. Que todavía tengamos que soportar que un juez se convierta en el defensor de los intereses de la Falange porque la ha hecho partícipe de los crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo español, y sobretodo contra el pueblo que se declaró fiel a la República y a unos ideales democráticos, es muy grave. Demuestra que el franquismo sigue vivo porque hay jueces que lo defienden.

En todo caso cuando Garzón investigo la dictadura de Pinochet, acabó imputando a Henry Kissinger, es decir, llegó hasta los últimos culpables. Es de suponer que la investigación de la guerra civil hubiera seguido los mismos derroteros…

Al principio ese era el enfoque fundamental que tenía el caso. Luego hubo un giro impuesto por la Audiencia Nacional de impedir que esa línea continuara, y que como mucho se pudiera practicar la investigación de personas desaparecidas que podrían estar en fosas comunes, por los respectivos jueces de instrucción, cosa que no han hecho, con una falta de respeto absoluto a su deber como juez, a sus obligaciones procesales, a la memoria de esa gente y a sus familiares que buscan sus restos. Yo creo que todo esto ha generado un clima de temor en el poder judicial, ya que la resolución del Tribunal Supremo, pese a absolver al juez Baltasar Garzón del delito de prevaricación, era muy agresiva contra el intento de perseguir los crímenes de la guerra civil.

Lo que no ha evitado una excepción. La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, por un auto del 22 de enero, ha acordado pasándose por encima la doctrina del Tribunal Supremo en los autos de Garzón, investigar el bombardeo de la aviación fascista, con sede en Palma de Mallorca pero dirigida desde Roma, sobre Barcelona, que produjo miles de muertos y heridos. Quiere decir que todavía existen núcleos de resistencia judicial comprometidos con los valores democráticos y con la verdad histórica, y que no cederán nunca ante esa pomposa retórica del Tribunal Supremo que es falsa y demuestra una ignorancia supina de lo que es el derecho internacional, los derechos humanos y la realidad española porque todavía hablan de “los dos bandos”. Una terminología impropia de un tribunal.

 

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Acerca de joanencunyat

Director de la revista cultural Foros21. Redactor Jefe de Cultura y Director de Comunicación en De Verdad Digital. Jefe de sección en la revista Chispas. Director del Comité de Relaciones de Unificación Comunista de España

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