El 5 de junio del 2009, el gobierno de Alan García ordenó un salvaje operativo militar contra las movilizaciones indígenas que paralizaban las carreteras en protesta por los decretos que anulaban el derecho de consulta y propiedad sobre sus tierras. Las cifras oficiales fueron de 9 indígenas y 21 policías muertos. Las organizaciones indígenas hablan de más de un centenar de muertos y cientos de heridos. Una movilización social estalló en Perú encabezada por un movimiento indígena organizado y combativo. Adda Chuecas es directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, y me concedió la entrevista coincidiendo con su visita a España.
El CAAAP fue creado en 1974 por nueve obispos de la Amazonía Peruana. Trabaja actualmente con cuatro de los principales pueblos indígenas: Asháninka, Aguaruna, Shipibo-konibo, y Kechwa-Lamista, en las zonas de San Martín, Selva Central, Ucayali y Loreto, pero, al mismo tiempo proyectan su trabajo con el objetivo de incidir a escala nacional.
La información sobre los hechos de Bagua es muy contradictoria. Hay incluso datos sobre las víctimas que están por encima de los datos oficiales, ¿de qué datos disponen?.
En principio tendríamos que manejarnos con los datos oficiales. No hay todavía ninguna relación de desaparecidos, porque no han sido denunciados. Pero espero que todo ese esclarecimiento de la verdad sea a través de la comisión investigadora que se ha formado, y que incluso el propio relator de Naciones Unidas está proponiendo dentro de sus recomendaciones, que el Estado peruano debe realizar una investigación sobre los hechos de Bagua para que se establezca la verdad y se asuma las responsabilidades tanto políticas como penales, que se sepa lo que desencadenó estas muertes, tanto de policías como de indígenas.
¿Cuál es ahora la situación del país?
El Gobierno derogó esos decretos legislativos que estaban en el paquete de decretos que estaban pidiendo los indígenas que se derogaran, el 1094 y el 1090. A raíz de esto también se instaló una mesa de diálogo que está compuesta por cuatro grupos: una comisión de la verdad que investiga los hechos de Bagua, uno que tiene que ver con la revisión de los decretos legislativos para establecer un nuevo marco jurídico, un tercer grupo que tiene que ver con el Convenio 169 de la OIT, para establecer los mecanismos de consulta para los pueblos indígenas, y el cuarto grupo es el de desarrollo amazónico.
Si bien es cierto que esto ya se instaló, el compromiso del nuevo gabinete es seguir manteniendo la mesa de diálogo. El diálogo tiene que ser el único instrumento para solucionar el conflicto.
La sociedad peruana ha respondido con movilizaciones en todo el país…
El movimiento de pueblos indígenas tiene una larga historia de organización en la Amazonía peruana. Y vienen años demandando reivindicaciones sobre los derechos de los indígenas. A esto se ha ido sumando cada vez más organizaciones sociales, que en principio era de apoyo a los indígenas pero solicitando también el cambio de modelo de desarrollo que está imponiendo el Gobierno, y que viene de atrás; un modelo económico basado en la inversión privada en vez de promover el desarrollo. Las protestas sociales han ido creciendo y ahora han salido con lo de Bagua.
¿Ha tenido consecuencias políticas, cambios en el Gobierno o en otras fuerzas?
La mesa de diálogo es el principal cambio, porque es aceptar que llegar a una solución no se puede hacer imponiendo la fuerza. Esto ha significado una crisis en el propio Gobierno. Esto debe servir para que el Perú se vea de manera diferente y el Gobierno atienda las demandas populares con consultas a la población.
Además ahora la sociedad en su conjunto asume que cualquier modificación o propuesta legislativa que tenga que ver con los indígenas, el Estado tiene la obligación de consultar antes de establecerla o iniciar cualquier proyecto de explotación o exploración. Es la gran lección que han dado los indígenas al país, que sus protestas están basadas en la defensa de su derecho a ser consultado antes de que se promueva cualquier proceso de desarrollo en su territorio.
¿Por qué razones el Gobierno suprimió este derecho a consulta?
Es que no está establecido constitucionalmente. Está dentro del Convenio 169 de la OIT, pero que al haber sido ratificado por el Estado peruano tiene carácter vinculante y rango constitucional. Lo que ha pasado es que el Gobierno sacó estos decretos legislativos para el implementar el TLC. Diez de estos decretos afectaban a los pueblos indígenas, que no fueron consultados. Este fue el inicio del toda la protesta.
¿Tiene su base en el crecimiento exponencial de la explotación minera y energética de la región, y los nuevos yacimientos encontrados?
En los últimos años la Amazonía ha quedado registrada en un 78% por contratos de explotación y exploración. Y en este proceso tienen que ser consultados los indígenas. Si se sigue haciendo este procedimiento a espaldas de la población indígena que se encuentra donde están los recursos naturales, volverán a producirse sucesos como estos. Esto es lo que tiene que aprender el Gobierno, que tiene que haber una consulta previa, libre e informada. Si no se cumple con esto volverán las protestas sociales y se producirá una crisis mayor que la que puede estar atravesando ahora.
¿Cuántas son las poblaciones indígenas en Perú, su composición y cómo se distribuyen por el país?, ¿qué peso tienen en el conjunto de la sociedad?
En la Amazonía peruana hay 64 grupos étnicos que pertenecen a doce familias lingüísticas. Esto significa unas 1750 comunidades reconocidas, faltando todavía por reconocer muchas y titular muchas más. Estamos hablando de 400.000 habitantes, según el último censo del INEI del 2007. Estas cifras no consideran a los indígenas que han emigrado a las ciudades. El universo es mayor si se cuentan los indígenas de la zona andina y de selva. Dentro de la población peruana son 4,5 millones de indígenas. 
Es el 15% de la población…
Claro. Estos sucesos han visibilizado a la población indígena dentro del escenario político en el que habían estado invisibilizados para la sociedad peruana, inclusive para el Estado peruano. Por el poco conocimiento que se tiene no se pensaba que tuvieran esa fuerza organizativa para poder paralizar el país durante mes y medio, igual que el año pasado. Su capacidad de movilización ha sido una sorpresa para la sociedad y para el Gobierno, no de la imagen de “salvajes” sino de que están organizados y de que van a exigir sus derechos de forma pacífica.
¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la explotación del Amazonas?
El impacto socio-ambiental y cultural ha sido enorme. Está el caso de Río Corriente, por ejemplo, que está en la zona norte del país, que hace frontera con Ecuador y Colombia, en el que las consecuencias de la explotación del petróleo es terrible: desde niños con plomo y cario en la sangre, como cambios en la nutrición, y por lo tanto desnutrición y un alto índice de mortalidad infantil. No se respetan los estándares mínimos internacionales que deben exigirse para la presencia de empresas en los territorios indígenas, y que el Estado tiene la obligación infantil.
¿Puede hablarse del traslado y hasta la extinción de comunidades, hoy en día, no hace un siglo?
En el último siglo ha desaparecido 18 pueblos y están en peligro de extinción 11. En la región Madre de Dios, la región madre de la minería informal con los lavaderos de oro, es tremendo. Muchas de estas poblaciones está emigrando a las ciudades. Además estos decretos pretendían modificar el régimen de propiedad de los indígenas sobre estas tierras, e iba a significar una gran pérdida de territorios y migración indígena.
¿No sería necesario tener los medios para realizar estudios completos, integrales y sistemáticos de las repercusiones de la actividad minera y la explotación energética?
Efectivamente. Pero la principal forma de minorar esto es que se les conceda un marco jurídico, que es el objetivo de esta mesa de diálogo, reconocer los territorios indígenas como el espacio en el que desarrollan su cultura y, en este sentido, está también la gestión de la tierra, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Ese es el punto de partida, donde comienza el conflicto, porque en estos territorios es donde están la mayoría de recursos dados en concesiones mineras. Si no hay un marco que regule y garantice esto, el problema persistirá hasta que ellos puedan gestionar sus propios recursos.
¿Qué intereses concretos que están en juego en este conflicto?
Económicos y políticos sobre los recursos naturales. Porque los indígenas reclaman su pertenencia al Estado peruano, y ¿cómo que el Estado no atiende a sus necesidades si son peruanos?
Pero, ¿quién tiene los derechos de explotación de ese 78% del Amazonas que está repartido?
Plus Petros, Petrobras y Repsol, aunque también hay alguna petrolera canadiense.
El Gobierno se ha dedicado ha difundir que las movilizaciones responden a la intervención de intereses extranjeros, ¿qué opina?
Las demandas de los pueblos indígenas nace de ellos, y no es nueva en el Perú. Se ha visibilizado ahora, pero no es algo que empezó el año pasado, sino hace muchísimos. No se puede decir que haya injerencia, influencia o manipulación.
Llama la atención quién lo dice, ¿no?
Claro. Además, no solo son los indígenas los que enarbolan esta bandera, es el conjunto del pueblo peruano quien reclama sus derechos sobre el Amazonía y de la importancia que tiene para la humanidad. La Amazonía es el pulmón del mundo, por eso al final están defendiendo también los derechos del conjunto de la humanidad. Por eso el cuestionamiento es al modelo de desarrollo, y eso nos beneficia a todos.
¿Quiere añadir algo más?
Perú debe ser reconocido como un país pluricultural, en el que la diversidad cultural sea tomada como un activo del desarrollo y no como un obstáculo. Los indígenas han dado una lección al pueblo peruano y al Estado. Y también han puesto en el debate el cuestionamiento del modelo de desarrollo sostenible y con la participación de la población
Joanen Cunyat 
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